Descripción general
Uno de los efectos más serios y preocupantes de la pandemia ha sido el cierre de las instituciones educativas en gran parte de los países del mundo, lo que ha dejado a millones de niños, niñas y adolescentes sin ninguna oportunidad para continuar sus actividades escolares o para que estás se desarrollen de manera parcial de acuerdo a los recursos y posibilidades de las que disponen las instituciones educativas y los hogares.
Los efectos del cierre de las instituciones educativas no se restringen a los aspectos académicos, que entre otros contemplan una ampliación de las brechas en logros educativos, tomando en cuenta las grandes desigualdades en el acceso a recursos para garantizar la continuidad de las actividades educativas. Otros problemas identificados son el ausentismo y la deserción escolar. Más allá de esto, que es suficientemente problemático, el cierre de las instituciones está teniendo implicaciones en la salud mental de escolares y sus familias (1), ha incrementado los riesgos de maltrato infantil y en muchos casos también ha afectado su acceso a alimentación para aquellos que dependen de programas de alimentación escolar, incluso a pesar de los esfuerzos para garantizar su continuidad en muchos territorios.
En la medida en que los países han ido retomando actividades educativas de manera presencial, se ha ido consolidando evidencia sobre el riesgo directo que la infección tiene para los menores de edad y su papel en la transmisión entre ellos o a los adultos. Por lo pronto se ha podido establecer que en los menores de edad la mortalidad es muy baja, pueden ser menos susceptibles a la infección y su papel en la transmisión de la enfermedad es menos relevante de lo que se había previsto inicialmente tomando como referencia otros problemas infecciosos, como la influenza (2-5).
Uno de los aspectos para contemplar ante la posible reapertura de instituciones educativas es la situación de la pandemia en el nivel comunitario. La evidencia sugiere que, si la pandemia está controlada o no se han presentado casos, hay un mayor margen de seguridad para avanzar en el restablecimiento de actividades educativas. Otras medidas relevantes son garantizar grupos pequeños, generar “burbujas” entre grupos de estudiantes, buscando que los integrantes de un grupo no se mezclen con los de otro, al igual que garantizar condiciones de protección para personal docente y administrativo (3, 6).
Uno de los principales problemas en muchas instituciones educativas del país, incluso antes de la actual pandemia, era la falta de condiciones sanitarias adecuadas o problemas de infraestructura y dotación de estas instituciones, que son prerrequisitos para poner en marcha la estrategia para la reapertura. La prioridad de los gobiernos locales en este sentido debería ser el garantizar en las instituciones educativas: 1) el acceso a agua potable y jabón; 2) adecuadas condiciones de ventilación; 3) infraestructura y mobiliario que permita el distanciamiento físico durante la jornada escolar; y 4) la disponibilidad de máscaras faciales para todos a quienes asistan a estas instituciones, lo cual debe acompañarse de estrategias para la adherencia a un adecuado uso de estas máscaras.
Para el caso colombiano, el gobierno nacional ya ha establecido una serie de lineamientos que requieren la revisión y adaptación en el nivel territorial con el fin de garantizar en el menor tiempo posible que los estudiantes puedan retornar al menos parcialmente o a través de alternancia a actividades presenciales en sus instituciones educativas (7). La decisión de reapertura requiere la definición en el nivel local de un plan detallado de corto y mediano plazo tanto para la entidad territorial como para cada una de las instituciones educativas existentes en la respectiva jurisdicción.
En la decisión territorial de reapertura, un grupo particular a priorizar es el de los estudiantes de preescolar y primaria. La priorización de este grupo para el retorno a actividades educativas también debe tener en cuenta que por la etapa de su crecimiento, el impacto del cierre de las instituciones educativas es mucho más negativo para su socialización y desarrollo de diversas habilidades requeridas para su desempeño académico y social por el resto de sus vidas.
La decisión de reapertura también va a requerir garantizar un trabajo articulado entre el sector educativo y el de salud. Frente al primero, resulta de vital importancia un diálogo permanente entre los diversos miembros de la comunidad educativa en el que se prioricen los niños y su derecho a la educación y la salud. Usar la evidencia disponible y aterrizarla a las condiciones de cada territorio es un factor clave para lograr que se hagan efectivos dichos derechos.
