Descripción general
Uno de los aspectos más evidentes de la pandemia de COVID-19 ha sido hacer más visible las profundas inequidades sociales en la mayor parte de los países (1, 2). Estas inequidades se evidencian a través de diversas categorías de estratificación social, pues ante condiciones que pongan el riesgo la salud y el bienestar quienes están en una condición de mayor desventaja o vulnerabilidad (se indican entre paréntesis) suelen ser más afectados, incluyendo lo que sucede en fenómenos como una pandemia o las medidas que se tomen para su control: género (mujeres), etnia y raza (indígena y comunidades negras), orientación sexual (población LGBTI), procedencia (migrantes internos y externos), edad (niños y adultos mayores), entre otras categorías. Esta situación obliga a considerar un abordaje diferencial en el nivel local con el fin de entender y atender las necesidades particulares de estos grupos y con el objetivo de evitar que no se profundicen las inequidades ya existentes.
La violencia contra la mujer y los niños tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia, incluidas las epidemias. La probabilidad que tiene una mujer de estar expuesta a más riesgos y tener más necesidades es mayor en las mujeres adultas y las mujeres con discapacidad. Las mujeres desplazadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos son particularmente vulnerables ante este tipo de fenómenos (3).
Según un análisis de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, al comparar los meses de marzo y abril de 2019 con el mismo periodo en 2020 se encontró que el número de llamadas realizadas para denunciar casos de violencia se duplicó en el país, pasando de 602 en 2019 a 1221 en 2020 (4). Por su parte, los datos del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) para los periodos 12 de marzo y el 31 de julio de 2019 y 2020 muestran que frente a la mayoría de indicadores medidos por dicha entidad hubo una reducción en el número de casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, llama la atención el aumento relacionado con la violencia sexual en mujeres pertenecientes a grupos étnicos que pasaron de 29 en el periodo de análisis en 2019 a 120 en el mismo periodo en 2020 (variación absoluta de 91 casos y relativa de 313,8%). Al comparar los dos periodos también se observó un aumento para 2020 en los homicidios de mujeres en circunstancias como violencia económica, sociopolítica y sexual (los casos incrementaron en términos absolutos en 4, 2 y 1, respectivamente) (5). Estas cifras, sin embargo, deben tomarse con cautela teniendo en cuenta que uno de los efectos de la cuarentena y medidas complementarias de reducción de la movilidad pudo ser la limitación para buscar ayuda fuera del lugar de residencia.
La violencia contra la mujer, en particular la violencia de pareja y la violencia doméstica, tiene efectos importantes sobre la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas. Puede dar lugar a traumatismos y problemas graves de salud física, mental, sexual y reproductiva, incluidas las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados. La probabilidad de que las mujeres que están en una relación de maltrato y sus hijos e hijas estén expuestos a la violencia aumenta enormemente conforme la familia pasa más tiempo en contacto estrecho y hace frente a un mayor estrés y a posibles pérdidas económicas o del trabajo. A lo anterior se suma el que medidas que se tomen para controlar la pandemia pueden reducir el acceso a servicios psicosociales, de salud y de seguridad, los cuales podrían llegar a ser vitales para muchas mujeres expuestas a situaciones de violencia (3).
En cuanto a los niños, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- ante el endurecimiento de las medidas de contención, aumenta el riesgo de que los niños sufran abusos, abandono, explotación y violencia (6). Sin embargo, a partir del reporte preliminar del INMLCF, al comparar los periodos comprendidos entre el 12 de marzo y el 31 de julio de 2019 y 2020 se observa que frente a diversos indicadores de violencia fatal y no fatal no ha habido un aumento de casos entre el primero y el segundo año, encontrándose por el contrario un descenso importante en los mismos entre el primer y segundo año (7). Similar a lo indicado para las mujeres, estas cifras pudieron verse afectadas por la limitación en el reporte o para la búsqueda de ayuda ante las medidas de reducción de la movilidad que se impusieron en el país por varios meses.
En el caso de los adultos mayores, este grupo tiene más probabilidades de tener una enfermedad grave por COVID-19. Las variables que los ponen en riesgo son varias. Entre ellas, las condiciones de salud subyacentes tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y diabetes, las cuales hacen más difícil la recuperación una vez que se ha contraído el virus. Pero no solo estas condiciones ponen en mayor riesgo a los adultos mayores. La soledad y el aislamiento como condición estructural en la que viven muchas de estas personas juegan un papel importante frente a su capacidad de responder a la enfermedad. Por tal motivo, la OMS insiste en que hay que garantizar que las personas mayores sean protegidas de COVID-19, sin remitirlas a aislamiento, generar estigmatización, dejarlas en situaciones de mayor vulnerabilidad o sin poder suplir sus necesidades básicas y recibir atención social (8).
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) son un grupo de la población particularmente vulnerable a las medidas tomadas para el control de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, por ser un grupo de la población que puede carecer de acceso regular a vivienda tiene menos posibilidades de protegerse mediante el distanciamiento físico y las prácticas de higiene seguras, lo que aumenta su exposición al contagio (9). Por tal motivo, se deben tomar medidas específicas para garantizar atención médica, socioeconómica y servicios de apoyo para esta población.
En cuanto a los grupos étnicos, los pueblos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia han sido vulnerados y se han enfrentado a múltiples desigualdades, algunas relacionadas con el acceso y la calidad de los servicios de salud. Por tal motivo, se deben establecer medidas con enfoque diferencial, ya que el racismo estructural y la discriminación histórica de los que estas poblaciones han sido y continúan siendo objeto ocasiona que sean más vulnerables a los efectos de la pandemia con relación a la población general. Algunos de los factores que podrían aumentar esta situación son los obstáculos de acceso a los servicios de salud, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas específicamente en las poblaciones afrodescendientes, el menor acceso a las redes de seguridad social, la desconfianza generada por antecedentes de racismo y la alta informalidad laboral en estos grupos. Por ello, estas características diferenciales de vulnerabilidad y exposición al virus no afectarán de la misma manera a todas las comunidades, debido a las disparidades presentes entre ellas, por tal motivo, se deben establecer enfoques diferenciados que tengan en cuenta los distintos modos de vida (10).
Otro grupo que requiere especial atención por parte de los gobierno y comunidad local es la población migrante, la cual puede verse particularmente afectada por el COVID-19 dado que pueden tener menos posibilidades para adoptar las medidas de prevención o porque ante un eventual contagio pueden enfrentar barreras de acceso oportuno al diagnóstico y atención médica requerida.
