Acciones prioritarias
Incluir de manera explícita en los planes de preparación y respuesta a la COVID-19 un protocolo para el reporte y acompañamiento a la población vulnerable, incluyendo el establecimiento y difusión amplía de líneas y puntos de reporte, atención y acompañamiento a la población vulnerable (mujeres, niños, adultos mayores, población LGBTI, grupos indígenas, comunidades negras y población migrante).
Garantizar el reporte de los casos de violencia a población vulnerable (mujeres, niños, adultos, población LGBTI, indígena y comunidades negras, migrantes internos y externos). Para esto es necesario verificar que en los formatos y demás documentos de registro o seguimiento de los casos se recolecta la información para esto. Sin embargo, es muy importante verificar que en todos los casos se cumplen las normas sobre manejo de datos personales y no se divulga ninguna información que afecte los derechos de las personas a su privacidad e integridad.
Realizar análisis del histórico de casos de violencia a población vulnerable reportados y establecer un comparativo del registro desde el inicio del aislamiento obligatorio. Para este análisis se pueden hacer un análisis de las fuentes que se tengan consolidadas a nivel local en instituciones como la comisaría de familia, las regionales del INMLCF o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En el reporte de estos datos es necesario garantizar que se presenten de manera agregada y no se da información que permita la identificación de ninguna persona.
Adecuar las medidas de política pública y las demás intervenciones que se adopten a nivel local a las necesidades de los distintos grupos vulnerables. En este sentido, es importante considerar aspectos como localización de los grupos, accesibilidad, redes de apoyo existentes, lengua para el caso de los grupos indígenas.
